La importancia de las comunidades en el diseño de las políticas públicas

Por Ricardo Higuera Mellado

En los últimos años, el Estado chileno ha trabajado por convertirse en una institución eficaz y eficiente. En su devenir, y en especial en los últimos 20 años, se ha nutrido de elementos propios de la empresa privada, con el fin de otorgar un mayor profesionalismo al diseño, a la implementación y a la evaluación de aquellas políticas públicas que impactan directamente en la vida de las personas.

Se ha trabajado por reclutar a profesionales experimentados, con antecedentes que demuestren dominio y habilidades sobre distintas materias; se ha debatido sobre aspectos de la vida humana que son propios de sociedades en vías de desarrollo; se han trazado caminos para insertar a nuestro país en el contexto internacional tanto en el plano de la economía como en el de las relaciones exteriores y la cultura; se han elaborado planes y programas que permiten conducir al país hacia ese tan anhelado (y a veces tan esquivo) desarrollo. En el fondo, se han focalizado los esfuerzos en instalar una conversación en torno a cómo Chile puede ser una nación más inclusiva, generosa y con conciencia social.

En el ámbito operativo, todas estas innovaciones apuntan a que el Estado se convierta, entre otras características, en un actor con mayores capacidades gerenciales, que se elimine la burocracia y que, de esta manera, se inyecte agilidad y transparencia en la asignación de recursos y en la toma de decisiones que afectan los beneficiarios, que no son más que los propios ciudadanos. En este sentido, se habla de una nueva gerencia, asociada a incorporar valor público en las decisiones que se toman a nivel de Estado.

En los últimos años, Chile ha sido testigo de una serie de políticas que apuntan a convertirse en un mejor país. Entre los grandes objetivos de la Concertación (una actual abreviación de la llamada Concertación de Partidos por la Democracia, post dictadura de Augusto Pinochet) se encuentran: lograr que nuestro país sea capaz de acabar con la pobreza, que el sistema de salud sea lo suficientemente robusto y operativo para abordar las problemáticas de morbilidad que afectan a la población en su conjunto; que la Educación se convierta en el factor que logre romper con la costumbre de las castas y los apellidos que aseguran una mejor calidad de vida a las generaciones futuras; que Chile se convierta en un actor competitivo a nivel económico, un referente en materia de política exterior, una nación que se cuadra con los acuerdos medioambientales a los cuales han adscrito decenas de países alrededor del mundo; que existan las condiciones para un empleo pleno; que se rompa la exclusión basada en políticas de género de deficiente implementación y que aumentan la brecha en el acceso y participación de hombres y mujeres; que Chile sea un país abierto, inclusivo, tolerante y respetuoso de la diversidad étnica, religiosa, sexual y cultural.

Visto desde esa perspectiva, ha sido un trabajo que ha buscado incluir las distintas miradas, experiencias y estilos de vida de las distintas comunidades que conforman los casi 17 millones de personas que viven en Chile. Y, lejos de ser una tarea cumplida, desde el punto de vista de la inclusión, nos encontramos en un camino intermedio, en donde la labor que se ha venido realizando está en un proceso previo a una maduración total.

Pocos podrían afirmar que Chile sigue siendo el mismo que hace 20 años. Nuestro país ha transitado hacia una apertura que ha permitido instalar aquellos temas que son gravitantes para el desarrollo de nuestra sociedad. Ley de filiación; políticas de igualdad de acceso a oportunidades de educación y salud; inclusión de las etnias originarias; obras de infraestructura; mecanismos destinados a lograr una disminución real de la pobreza; políticas migratorias; planes y programas que buscan dar impulso a los pequeños y medianos empresarios, reconocimiento de los distintos cultos religiosos; posiciones claras respecto a temas clave para el desarrollo de la política exterior, como los Derechos Humanos o participación en guerras (llamadas “luchas contra el terrorismo internacional”), igualdad de género, entre tantas otras, forman parte de un abanico de aspectos que nuestra nación ha trabajado y se ha preocupado de fortalecer para dar cuenta que en estas dos décadas se ha avanzado hacia un sistema de políticas públicas abiertas, inclusivas y con alto impacto.

Sin embargo, muchas de estas políticas públicas han fallado, indistintamente, en sus etapas de diseño, implementación o evaluación. ¿Por qué?

Como base de este análisis, por políticas públicas debería entenderse (1) un curso de acción estable (2) definido por el gobierno (3) para resolver un área relevante de asuntos de interés público (4) en cuya definición en las actuales sociedades suelen también participar actores de origen privado (Tomassini, 2007). Y desde una perspectiva comunicológica, cabría preguntarse qué valor cobran las distintas comunidades que componen una sociedad justamente para la etapa de diseño de las distintas políticas públicas.

Desde el punto de vista comunicológico, comunidad se traduce en un espacio común, en donde bastan dos personas para generar un mundo particular, un espacio en donde surgen códigos, lenguajes, intereses similares, objetivos, planes, estrategias, anhelos que se quieren alcanzar, que se quieren cumplir. En ese mundo común la identidad como uno de los elementos centrales de su constitución.

Para lograrlo, se apela a la voluntad y el interés para establecer mecanismos que permitan remar en esa dirección, agrupando todas las fuerzas involucradas, para que el trabajo sea menos costoso y, a su vez, pueda satisfacer a más personas, a todos los integrantes de esa comunidad. En ella, sus miembros se reconocen, distinguen elementos que los constituyen como tal y construyen sobre una base común que les permite proyectar sus intenciones.

En un país que se encuentra inserto en un mundo globalizado, como en el que vivimos actualmente, las comunidades en nuestro país se han multiplicado exponencialmente, cada una con distintas identidades.

Bajo esta mirada, cabría preguntarse qué ha hecho el Estado por considerar la existencia de estas comunidades, por ejemplo, en la etapa de diseño de una determinada política pública. Conveniendo de antemano que en un diseño de esta magnitud es imposible considerar cada visión de forma particular, los organismos públicos deben ser capaces de contar con la suficiente apertura para incluir las distintas demandas que existen en aquellos grupos que, en la posterior etapa de implementación de estas políticas, se transformarán en los beneficiarios directos. Es importante que se tomen en cuenta las distintas experiencias, que el aparato público sea capaz de escuchar lo que la ciudadanía quiere decir, lo que anhela, lo que demanda para satisfacer sus necesidades. En sentido opuesto, lo peor que puede hacer el Estado es dedicarse a implementar políticas que se diseñen a puerta cerrada, que respondan a intereses particulares o que se encuentren alejadas de la realidad que afecta al país y a las comunidades que lo componen.

Es necesario que en la etapa de diseño exista una etapa previa de diagnóstico en donde se establezcan los lineamientos sobre los cuales se va a trabajar. Y que ese diagnóstico se realice en conjunto con aquellas comunidades a las cuales se afectará con el diseño de una determinada política. Esto, por varias razones centrales: primero, por ser ellas las beneficiarias directas; segundo, por los recursos que se invertirán en que se lleve a cabo y, tercero, por las repercusiones que puede tener tanto a nivel interno como externo en el desarrollo y estabilidad del país.

Es importante que el Estado sepa distinguir a aquellas comunidades que pueden ayudarlo a cumplir esos objetivos, como también a las que pueden entorpecer su desarrollo e implementación. Y desde esa perspectiva, el rol activo de todos los integrantes de una determinada comunidad, juega un rol preponderante. Son ellos quienes deben trabajar para que sus inquietudes y demandas tengan cabida en las decisiones que se toman a nivel gubernamental.

Retomando el símil entre Estado y empresa privada, las comunidades también son relevantes en el diseño de una política pública, porque son ellas quienes, en el proceso de implementación, podrán validar su efectividad, tal como una empresa que se puede llamar como tal sólo si hay consumidores que participan de ese proceso transaccional. E incluso ahondando en esta concepto, las comunidades internas –las que pertenecen al Estado- también juegan un rol preponderante, ya que son ellas las que se encargarán de implementar las opciones que se tomaron en la etapa de diseño. En este sentido, es clave que el aparato público sepa reconocer a aquellas comunidades que permitirán que estos procesos se desarrollen de forma satisfactoria.

Chile se encuentra en una etapa clave de su historia: la celebración de los 200 años de independencia demandan que el país se encuentre preparado para dar aquellos pasos que faltan para alcanzar el desarrollo. Y en este sentido, el concepto de inclusión al que se hizo referencia previamente en este texto, cobra una relevancia especial. Es importante que se generen los espacios adecuados para que la participación activa de las distintas comunidades en el país sea provechosa para los objetivos que se han establecido como una nación que se encuentra ad portas de la celebración de su bicentenario.